Avanza propuesta para investigar toda muerte violenta de mujer como feminicidio
El Congreso mexicano analiza una reforma para homologar criterios judiciales donde toda muerte violenta sea investigada inicialmente como feminicidio, salvo prueba en contrario.
En el Congreso de la Unión se discute una iniciativa que busca reformar los protocolos de actuación ministerial para que toda muerte violenta de una mujer sea investigada, de manera obligatoria, bajo el tipo penal de feminicidio. La propuesta pretende eliminar las barreras procesales que actualmente obligan a las fiscalías a acreditar razones de género desde el inicio de la carpeta de investigación, un proceso que colectivos y especialistas han señalado como un obstáculo para la justicia efectiva.
De acuerdo con la propuesta legislativa presentada recientemente, el cambio en el paradigma legal permitiría que las autoridades de procuración de justicia apliquen una perspectiva de género desde los primeros actos de investigación. La iniciativa establece que esta clasificación inicial se mantendrá vigente durante las etapas de peritaje y recolección de pruebas, permitiendo que la autoridad solo descarte la figura de feminicidio si las pesquisas demuestran, de manera fehaciente, que la muerte ocurrió por una causa distinta a un acto violento de género.
El equipo técnico de los legisladores promotores destacó que esta medida busca estandarizar los criterios en las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. El objetivo principal es evitar la impunidad derivada de reclasificaciones prematuras o la falta de perspectiva en la escena del crimen, fenómeno que ha sido cuestionado por organizaciones civiles en diversas entidades federativas durante los últimos años.
La reforma, que se encuentra actualmente en fase de dictaminación, también contempla el fortalecimiento de las unidades especializadas en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para colaborar con las fiscalías locales. Se espera que, de aprobarse, el Poder Judicial de la Federación y los tribunales estatales deban ajustar sus protocolos internos para alinearse con esta nueva metodología de investigación criminal enfocada en la protección de los derechos de las mujeres.
Finalmente, la discusión legislativa se mantiene abierta a la participación de expertos en derechos humanos y representantes de la sociedad civil. Se prevé que el debate continúe en las próximas semanas, buscando alcanzar un consenso que permita mayor claridad jurídica en los procedimientos penales relacionados con la violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional.
