Investigan patrimonio inmobiliario de colaboradora cercana a oficina presidencial

La Unidad de Coordinación Operativa (UCO) ha iniciado una investigación formal sobre el patrimonio inmobiliario de una secretaria adscrita a la oficina del expresidente, tras detectar irregularidades en la adquisición de una propiedad. Las autoridades buscan esclarecer el origen de los recursos financieros utilizados para liquidar el inmueble, el cual no cuenta con ningún tipo de hipoteca o crédito bancario registrado a nombre de la funcionaria.

Los agentes especializados en delitos financieros han puesto bajo la lupa los movimientos bancarios de la implicada, analizando su capacidad de endeudamiento y sus ingresos declarados ante las autoridades hacendarias. La investigación busca determinar si existe una relación directa entre esta adquisición y una presunta participación de la funcionaria en una estructura organizativa que podría haber facilitado el flujo de recursos de procedencia incierta durante su gestión.

Fuentes cercanas al caso señalan que el equipo de defensa de la secretaria ha negado cualquier irregularidad, argumentando que el patrimonio es fruto de ahorros personales y gestiones familiares ajenas al ejercicio de sus funciones públicas. A pesar de estas declaraciones, la fiscalía ha solicitado información complementaria a diversas instituciones financieras para corroborar la trazabilidad de los pagos realizados por la propiedad en cuestión.

Este proceso de fiscalización se enmarca en las acciones de combate a la corrupción administrativa que las autoridades federales han reforzado en los últimos meses. El objetivo de las indagatorias es garantizar la transparencia en los niveles más altos de la administración pública y deslindar responsabilidades si se comprueba que el patrimonio personal se vio beneficiado por el cargo desempeñado.

Hasta el momento, no se han presentado cargos formales ante el Poder Judicial, aunque los investigadores continúan recabando pruebas documentales y testimoniales. Se espera que en las próximas semanas la fiscalía emita un informe preliminar que determine si el caso será turnado ante un juez para iniciar un proceso penal por presunto enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias.