La extorsión afecta hasta un 5% la cadena del aguacate mexicano
El pequeño comercio advierte que la inseguridad encarece el fruto y propone integrar la exportación en la estrategia de seguridad nacional ante la cercanía de eventos internacionales.

El sector del pequeño comercio en México ha alertado este viernes que la extorsión impacta hasta en un 5% el valor total de la cadena del aguacate, afectando desde los productores en Michoacán hasta el precio final al consumidor. Esta problemática, que se ha intensificado en los últimos meses, representa un obstáculo crítico para la estabilidad de los precios y la rentabilidad de las familias que dependen de este cultivo, especialmente en vísperas de eventos de alta demanda como el Super Bowl, donde el fruto mexicano es protagonista en los mercados internacionales.
Representantes de las organizaciones comerciales han señalado que el fenómeno delictivo no solo incrementa los costos operativos por el pago de cuotas a grupos criminales, sino que también desincentiva la inversión en el campo. Ante este panorama, los comerciantes han planteado la necesidad de que la exportación de aguacate forme parte integral de la estrategia de seguridad nacional. La propuesta busca que las autoridades federales, en coordinación con las fiscalías estatales, establezcan corredores seguros supervisados por la Guardia Nacional para proteger el traslado del producto desde las zonas de cosecha hasta las aduanas de salida.
Desde la perspectiva de los empresarios del sector, es fundamental que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) trabaje de manera coordinada con los gobiernos estatales y los presidentes municipales para desarticular las redes de extorsión que operan en las regiones productoras. Los integrantes del pequeño comercio enfatizan que la seguridad en la cadena de suministro es una condición indispensable para mantener la competitividad de México en el mercado global del aguacate, evitando que la incidencia delictiva se traduzca en una pérdida de confianza por parte de los socios comerciales internacionales.
La situación actual requiere de una intervención estratégica que trascienda las acciones policiales convencionales, integrando inteligencia financiera a través de la SHCP para rastrear los flujos de capital derivados de estas prácticas ilícitas. Aunque el panorama es complejo, los comerciantes mantienen la expectativa de que una mayor presencia institucional en las zonas rurales permita estabilizar los precios y garantizar la tranquilidad de los trabajadores del campo mexicano.


