La extorsión digital: cuando la inteligencia artificial cobra derecho de piso
El uso de herramientas de inteligencia artificial para realizar extorsiones telefónicas y digitales se ha convertido en una preocupación creciente para la seguridad pública en México.
La modalidad delictiva conocida como cobro de derecho de piso ha migrado de las calles al terreno digital. En las últimas semanas, se ha documentado un incremento en el uso de inteligencia artificial para clonar voces y realizar llamadas de extorsión, una práctica que busca vulnerar el patrimonio de las familias y pequeños empresarios mexicanos. Este fenómeno, que replica esquemas de coerción tradicional, utiliza la tecnología para generar mayor verosimilitud en las amenazas y presionar a las víctimas mediante la suplantación de identidad de seres queridos o figuras de autoridad.
La frase de Honoré de Balzac, “la ley no castiga a los ladrones sino cuando roban mal”, resuena en un contexto donde el marco jurídico enfrenta el reto de adaptarse a la velocidad de la innovación criminal. La sofisticación técnica con la que operan estos grupos dificulta la trazabilidad de las transacciones y la identificación de los responsables, quienes aprovechan las lagunas en la ciberseguridad personal y corporativa para perpetrar sus delitos sin dejar un rastro físico evidente.
Ante este escenario, las autoridades federales, encabezadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con la Guardia Nacional, han exhortado a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención digital. Se enfatiza la importancia de no compartir información sensible en redes sociales y de verificar la autenticidad de cualquier contacto que exija pagos bajo amenaza. La estrategia oficial busca fortalecer las capacidades de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar estos delitos, que si bien son de naturaleza virtual, tienen efectos devastadores en la economía local.
El sector privado ha comenzado a colaborar estrechamente con el gobierno para implementar protocolos de ciberseguridad más robustos. La propuesta es clara: la educación digital es la primera línea de defensa contra la extorsión automatizada. Se espera que, mediante reformas legislativas en el Congreso de la Unión, se puedan tipificar con mayor precisión estos actos delictivos, permitiendo a las instituciones de seguridad actuar con mayor celeridad frente a los agresores que utilizan algoritmos para intimidar a la población.
