México recupera 5.8 millones de dólares tras venta de inmuebles de los Weinberg

El gobierno federal mexicano informó este sábado sobre la recuperación de 5.8 millones de dólares derivados de la enajenación de doce bienes inmuebles. Estas propiedades, ubicadas en territorio nacional, estaban vinculadas a la familia Weinberg, identificada por las autoridades como prestanombres de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

La operación financiera, gestionada a través de las instancias correspondientes de la administración pública, representa un avance en los esfuerzos del Estado para recuperar recursos que fueron obtenidos mediante actos de corrupción y desvío de fondos públicos durante gestiones pasadas. La venta de estos activos fue posible tras concluir los procesos legales que permitieron la disposición de los bienes que formaban parte de la red de triangulación financiera del exfuncionario.

Fuentes del gabinete de seguridad señalaron que los recursos ingresarán a las arcas nacionales para fortalecer las finanzas públicas. Este movimiento es parte de una estrategia integral que busca el desmantelamiento de las redes de complicidad y el resarcimiento del daño patrimonial causado al erario mexicano durante años de operación irregular desde la Secretaría de Seguridad Pública.

El equipo de trabajo del gobierno federal indicó que continuarán las investigaciones para localizar y asegurar más propiedades que pudieran haber sido adquiridas de manera ilícita. La meta es identificar otros activos, tanto en México como en el extranjero, que fueron parte del entramado financiero utilizado para ocultar los recursos obtenidos por el exsecretario y sus colaboradores cercanos.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el compromiso de la administración actual es mantener una política de cero impunidad. El proceso para la recuperación de estos activos se ha llevado a cabo respetando los tiempos del Poder Judicial y las normativas vigentes en materia de extinción de dominio, garantizando así la legalidad en la transferencia de estos recursos al Estado mexicano.