Sheinbaum cuestiona regreso de Rocha Moya y pide definir gobernador interino

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, marcó distancia este lunes respecto a la reincorporación de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa. Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal calificó de imprudente la decisión del mandatario estatal de retomar sus funciones tras haber solicitado una licencia temporal, sugiriendo que las condiciones políticas y de seguridad en la entidad exigen una transición distinta para garantizar la gobernabilidad.

Ante la incertidumbre política que atraviesa el estado, la presidenta Sheinbaum descartó que exista una ruptura formal con el gobierno estatal, aunque enfatizó la necesidad de que el Congreso del Estado de Sinaloa actúe con responsabilidad. La mandataria federal hizo un llamado explícito a los legisladores locales para que procedan con el nombramiento de un gobernador interino, argumentando que la figura actual de la administración estatal carece de la legitimidad necesaria para enfrentar la crisis que afecta a la región en los últimos meses.

Fuentes cercanas al círculo presidencial indicaron que la instrucción desde el Ejecutivo federal es priorizar la estabilidad institucional por encima de las aspiraciones personales de los funcionarios. La postura de la presidenta subraya una preocupación creciente por la coordinación entre los niveles de gobierno y la capacidad de las autoridades locales para atender los temas prioritarios de seguridad pública y desarrollo social en un contexto de alta volatilidad.

Por su parte, el Congreso de Sinaloa deberá evaluar en los próximos días la petición de la Federación para determinar el curso legal del Poder Ejecutivo estatal. Hasta el momento, no se ha confirmado la apertura de un canal de diálogo directo entre Palacio Nacional y la oficina del gobernador, manteniendo una relación institucional sujeta estrictamente a los marcos legales vigentes.

La situación en Sinaloa se mantiene como un punto focal para la agenda de la Secretaría de Gobernación, que busca evitar que la parálisis administrativa afecte los programas de Bienestar y la operatividad de la Guardia Nacional en el territorio. La administración federal reiteró su compromiso de mantener la presencia de las fuerzas de seguridad para proteger a la ciudadanía, independientemente de los ajustes políticos que ocurran en la cúpula estatal.