Tribunal ordena a la SEDENA entregar contratos sobre uso de Pegasus

Un Tribunal Colegiado en materia administrativa confirmó este martes la resolución que obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a entregar la documentación íntegra relacionada con dos contrataciones del software de vigilancia Pegasus. La sentencia pone fin a un litigio iniciado en 2022, derivado de la opacidad institucional respecto a la adquisición de herramientas tecnológicas de inteligencia que fueron negadas inicialmente por las autoridades castrenses.

El fallo judicial determina que la dependencia debe abrir sus archivos sobre las contrataciones realizadas, las cuales, según registros previos, ascienden a un monto superior a los 140 millones de pesos. Los magistrados señalaron que, al tratarse de recursos públicos destinados a la contratación de servicios de vigilancia, no puede prevalecer la reserva de información bajo argumentos de seguridad nacional, debido a que el interés público de conocer el uso de estas herramientas prevalece sobre el secreto administrativo.

El origen de este caso se encuentra en múltiples solicitudes de acceso a la información presentadas por organizaciones de la sociedad civil, las cuales cuestionaron la veracidad de las respuestas oficiales de la SEDENA. Durante el proceso, la dependencia había mantenido una postura de negativa sistemática, argumentando que no contaba con registros de dichos convenios, a pesar de la evidencia documental recolectada por organismos de derechos humanos.

Con esta resolución definitiva, la SEDENA tiene un plazo perentorio para desclasificar los contratos, anexos técnicos y comprobantes de pago relacionados con el uso de dicho software. El cumplimiento de esta orden será supervisado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instancia que ha reiterado la importancia de garantizar la rendición de cuentas en las áreas de seguridad.

Este pronunciamiento del Poder Judicial marca un precedente relevante para la transparencia en el sector de defensa en México. El caso subraya las tensiones persistentes entre las facultades de inteligencia de las fuerzas armadas y el derecho ciudadano a acceder a información sobre el destino de los recursos presupuestarios en materia de seguridad.